El rescate al Consorcio de Villalonquéjar ofrece pagar en 10 años a los acreedores

Á.M / Burgos - martes, 03 de diciembre de 2013

La "cumbre". Ayuntamiento y Caja de Burgos se sientan hoy con los abogados de los expropiados para ofrecerles esta salida pactada

A las once de la mañana de hoy el Ayuntamiento de Burgos le dará la vuelta al reloj de arena que es ahora mismo la operación financiera para salvar del embargo y de la ruina al Consorcio de Villalonquéjar. La parte conocida es que el Tribunal Superior de Justicia ha paralizado las órdenes de ejecución de la sentencia que obligaba al ente a duplicar el pago por las expropiaciones a cambio de que, antes del 31 de diciembre, llegue a su mesa un contrato firmado por todas las partes en el que se garantice una fórmula de cobro que evite la subasta.

Esa deuda asciende a 12,5 millones, de los que 2,5 son producto de los intereses que hay que pagar con efecto al año 2005. No todos los expropietarios del suelo ocupado para ampliar el polígono han solicitado que se les pague, pero los que sí lo han hecho tienen derecho a cobrar ya y la Justicia está decidida a garantizarlo. Si hay acuerdo el TSJ lo aceptará por el bien de todos. Si no lo hay, habrá embargos, sempiternos procesos judiciales, trabas de propiedad... Malo para todos.

Pero el Consorcio no puede pagar y la entidad de referencia en el organismo, CaixaBank, ha explicado que su compromiso alcanza a la refinanciación de la deuda ‘común’, que asciende a 96 millones de los que una parte sustanciosa corresponden también al ICO. Es decir, aceptan revisar los plazos de pago, pero no asumen el sobrecoste de las expropiaciones. Así las cosas, es el Ayuntamiento quien debe proponer una solución.

Pues bien, esa solución ya está cocinada. Hoy será la Fundación Caja de Burgos la que ejerza de correa de transmisión, y eso no es casual. El Ayuntamiento no puede sacar el dinero de un presupuesto que ya tiene aprobado inicialmente para 2014 y, además, la operación no puede computar como deuda para no atentar contra el Plan de Estabilidad. ¿Y entonces?

La salida pactada entre el Ejecutivo local y la entidad financiera es la siguiente. El pago se realizará en 10 años a razón de 951.000 euros anuales, a los que se sumarán los intereses que correspondan. En total, en torno a 1,3 ‘kilos’ al año. El dinero se lo irá prestando CaixaBank a la Fundación Caja de Burgos, mientras que el Ayuntamiento se lo irá devolviendo ejercicio tras ejercicio a partir de 2015.

Esa partida anual se incluiría como inversión productiva en los presupuestos, y tampoco sería un dinero entregado a fondo perdido. Hay que negociar cómo, pero el Ayuntamiento quiere exigir una cláusula que señale claramente que el dinero que vaya entrando en caja en los próximos meses o años se dedique, al menos en un porcentaje relevante, a cubrir este ‘rescate’. Una vez despejadas las dudas sobre la viabilidad del proyecto, podrían materializarse algunos proyectos importantes que se han mantenido expectantes ante la resolución de este caso, y eso significa dinero.

Las posturas

Otro de los extremos que la parte municipal pretende dejar muy claro en la reunión de hoy es que si al final no hay acuerdo y se opta por dejar en manos del TSJ el embargo y la posterior subasta, así se hará. A pesar de las diáfanas advertencias sobre la responsabilidad patrimonial que pudiera alcanzar al Ayuntamiento si la operación explota, en el PP municipal tiene claro que esa salida es la peor para todas las partes, incluyendo a la financiera y a los acreedores, y que si hay que llegar a ella se llegará. «Nosotros no podemos poner cuatro millones al año», zanja una fuente vinculada a las negociaciones.

Sin embargo, los abogados de los expropiados están en otro escenario muy diferente. «No vamos a aceptar nada a largo plazo porque tenemos clientes muy mayores que no llegarían a ver su dinero», ejemplifican. ¿Y diez años sería un plazo largo? «Diez años son inasumibles y ellos lo saben perfectamente», contesta un letrado de los que están citados al encuentro de hoy.

Y esa es otra: poner de acuerdo a las ocho representaciones legales de los exdueños del terreno. Hay abogados que todavía no han solicitado la ejecución de sentencia porque, de acuerdo con sus representados, tienen una inversión garantizada a un interés (5,5%) superior al que les daría cualquier entidad financiera. Pero hay otros que, por los motivos que fueren (edad, necesidad o un enfado mayúsculo por llevar ocho años peleando esta cuestión) quieren cobrar ya o, en el peor de los casos, aceptarían un horizonte de tres o cuatro años.

Así las cosas, parece muy obvio que lo de hoy será un primer asalto del que nadie saldrá ganando, pero quizás sí se pueda cimentar un acuerdo que despeje las dudas y permita centrarse en lo nuclear: llenar el polígono de actividad.

Fuente: Diario de Burgos