Los expropiados exigen embargar al Ayuntamiento si el Consorcio no paga
Ángel Ayala - viernes, 13 de diciembre de 2013
Ponen la condición de que sea la ciudad la que responda por el plan de pago aplazado
El tercer asalto para evitar el embargo judicial de la cuarta fase del polígono industrial de Villalonquéjar se va a librar la próxima semana. Teniendo en cuenta que la Navidad está a la vuelta de la esquina, será crucial alcanzar entonces un principio de acuerdo para sortear el final que a nadie le conviene, puesto que la intervención judicial catalizaría una serie de embargos, trabas y procesos jurídicos de consecuencias indeterminadas, pero en cualquier caso no de inmediata resolución.
Así, mientras la primera propuesta la hicieron la Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento, en esta ocasión serán los letrados los que defiendan una solución que ya se ha hecho llegar (tras ser consensuada entre los representantes de los expropiados, a los que se adeudan los 12,5 millones que han provocado esta situación) a los servicios jurídicos municipales.
La posibilidad de cobrar en diez años a través de un crédito concedido por CaixaBank a la Fundación para nutrir al Consorcio del que, a su vez, respondería el Ayuntamiento fue rechazada por entender que un plazo tan largo no es aceptable. La contraoferta fue la de reducir a cinco anualidades el cobro, y es en ese escenario en el que ahora se trabaja.
Sin embargo, los expropiados han incluido una cláusula en su propuesta que obligaría al Ayuntamiento a responder en el caso de que el Consorcio no cumpla. Y responder significa reconocer ante la Justicia el derecho de los expropiados a trabar tanto el presupuesto municipal como el propio patrimonio de la ciudad.
La defensa de los acreedores cree que un simple compromiso municipal no constituye una garantía y que expondría a sus clientes a una inseguridad jurídica importante si se da cualquier circunstancia a futuro (un cambio de Gobierno local, por ejemplo) que ponga en peligro el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen.
«Así no»
Así, mientras la primera propuesta la hicieron la Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento, en esta ocasión serán los letrados los que defiendan una solución que ya se ha hecho llegar (tras ser consensuada entre los representantes de los expropiados, a los que se adeudan los 12,5 millones que han provocado esta situación) a los servicios jurídicos municipales.
La posibilidad de cobrar en diez años a través de un crédito concedido por CaixaBank a la Fundación para nutrir al Consorcio del que, a su vez, respondería el Ayuntamiento fue rechazada por entender que un plazo tan largo no es aceptable. La contraoferta fue la de reducir a cinco anualidades el cobro, y es en ese escenario en el que ahora se trabaja.
Sin embargo, los expropiados han incluido una cláusula en su propuesta que obligaría al Ayuntamiento a responder en el caso de que el Consorcio no cumpla. Y responder significa reconocer ante la Justicia el derecho de los expropiados a trabar tanto el presupuesto municipal como el propio patrimonio de la ciudad.
La defensa de los acreedores cree que un simple compromiso municipal no constituye una garantía y que expondría a sus clientes a una inseguridad jurídica importante si se da cualquier circunstancia a futuro (un cambio de Gobierno local, por ejemplo) que ponga en peligro el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen.
«Así no»
El problema es que en el equipo de Gobierno no están dispuestos a aceptar esa condición. «En ningún caso se puede firmar esa cláusula porque meten de lleno al Ayuntamiento», señalan fuentes municipales conocedoras de las negociaciones, así que parece que tampoco habrá acuerdo definitivo en la próxima reunión ya que «el acuerdo deberá firmarse entre el Consorcio y los expropiados sea cual fuere el periodo acordado para afrontar el pago».
Fuente: Diario de Burgos
