José Miguel Mateo, Rosario Pérez y Javier Ojer, UPyD CyL, comparecieron hoy en Burgos
Lunes, 23 de Diciembre de 2013
La Fiscalía ve indicios de delito en Caja de Burgos
La Fiscalía ve indicios de delito en algunas de las actuaciones del Consejo de Administración de la extinta Caja de Burgos y, después de seis meses desde que UPyD denunció supuestos casos de administración fraudulenta y desleal, el fiscal da traslado al Registro General para que se investigue desde el juzgado que corresponda.
El Fiscal Santiago Mena ha presentado la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal en el Registro General de Burgos, para su reparto al Juzgado de Instrucción que corresponda en virtud al escrito presentado por UPyD el 20 de junio.
RADIO ARLANZÓN
UPyD tenía conocimiento de esta actuación del Fiscal el pasado viernes y la formación valora la actuación de la Fiscalía.
Unión, Progeso y Democracia apreció irregularidades en la concesión de créditos al presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, quien recibió entre 2005 y 2010 un total de 34 millones en créditos de Caja de Burgos. Arribas y sus empresas acumularon el 93 % de los créditos que se concedieron a miembros de los órganos de dirección en esos seis años (la mayor parte del los créditos se concedieron a INDASA, una peletera instalada en Burgos que llevaba años de pérdidas y que finalmente dejó una deuda con Banca Cívica de unos 12 millones de euros. La empresa entró en concurso de acreedores en 2011, y al cerrar en 2012 despidió a 95 empleados. La formación magenta documentó, además, como estos créditos se concedieron en condiciones ventajosas, por debajo de los tipos de mercado vigentes y como se dieron sin las suficientes garantías.
El otro hecho denunciado se trata del cobro irregular de diversas cantidades por parte de cinco miembros del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Control de Caja de Burgos, entre febrero y junio de 2011 y en relación con el proceso de integración de la entidad con Banca Cívica (José Mª. Arribas, 61.000 €; Emilio Jordán, unos 27.000 euros, el vicealcalde del actual Ayuntamiento de Burgos, Ángel Ibáñez, habría percibido 24.000 €; y Julio Roberto González y Ángel Calvo que habrían cobrado cada uno 1.170 euros).
Unión Progreso y Democracia vio desde el primer momento, que en Caja de Burgos se estaba siguiendo la misma dinámica que ha llevado a la quiebra a cuarenta de las cajas españolas y consideramos que toda esta documentación, junto con la investigación que realizaría el Ministerio Público, podría determinar la existencia de un delito de administración fraudulenta o desleal. Han pasado seis meses y el fiscal ha actuado, UPyD se felicita de ello y agradece al fiscal su actuación ya que es conocedor que, pese al plazo de los seis meses, éste podría haber sido ampliado tanto como hubiera estimado oportuno. Queremos creer que en esta ocasión se ha actuado con diligencia y que han sido los retrasos originados en la entrega de la documentación solicitada a los requeridos los que han hecho que se apuren los plazos. Por lo tanto, desde la formación magenta concluyen que respetando la “presunción de inocencia” que corresponde a todos los denunciados, el Fiscal ha apreciado que en los hechos denunciados existen “razonables indicios suficientes de ilegalidad” como para ser trasladada por el fiscal su denuncia a los juzgados de instrucción.
Igualmente, desde UPyD quieren mostrar la voluntad de colaboración en todo momento con el juzgado que se haga cargo de este caso. La formación magenta confía en la Justicia y va a seguir poniendo en conocimiento de ella todos aquellos hechos que ilícitamente, en su opinión, han contribuido a la ruina de las Cajas de Ahorro.
Fuente: Radio Arlanzón
