No cuadra el plazo en que el Ayuntamiento ha solicitado la renovación de la autorización de las videocámaras
El Ayuntamiento de Burgos solicitó el pasado 25 de noviembre la renovación de la autorización concedida por la Delegación del Gobierno de Castilla y León para la colocación de las 16 cámaras de videovigilancia que, desde el Consistorio, se pretenden poner en funcionamiento en próximo jueves 19 de diciembre. Según los plazos seguidos desde la primera autorización al Ayuntamiento de Burgos se le habría pasado el plazo para solicitar dicha renovación.
La ley obliga al Ayuntamiento a renovar dicha autorización año a año, ya que la Comisión de Garantías de Videovigilancia podría estimar que, por alguna razón, ya no es necesaria la medida y por lo tanto revocarla.
La Delegación del Gobierno notificó al Ayuntamiento de Burgos la autorización para colocar estas cámaras el 14 de noviembre de 2011. Casi 10 meses después, concretamente el 7 de septiembre, el propio alcalde Javier Lacalle solicitó la renovación de aquel permiso, recordando en su escrito que “las solicitudes de aquellas autorizaciones que se hayan otorgado por el plazo máximo de un año, deberán formularse con dos meses de antelación a su expiración “. Este hecho el relevante dado que las cuentas, a partir de aquí, empiezan a no cuadrar ya que la nueva solicitud se realiza el 25 de noviembre del presente 2013, es decir, 11 días después de que se cumpla el segundo año completo.
La autorización se produce el 14 de noviembre de 2011. Dos meses antes de cumplirse un año, en septiembre de 2012, el Ayuntamiento de Burgos solicita la primera renovación, lógicamente. Es evidente que dicha renovación no pudo demorarse, para su entrada en vigor, más allá del 14 de noviembre de 2012. Pero más de un año después, el 25 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Burgos solicita la segunda renovación.
Dado que estas autorizaciones tienen carácter anual es lógico entender que estas autorizaciones no pueden superar la fecha del 14 de noviembre, ya que entonces el plazo no sería anual y podría producirse un uso de la autorización superior a un año. Es más, el Real Decreto 596/1999 que regula esta situación cita en el artículo 10.3 “si no se formula la solicitud de renovación en los plazos señalados en el apartado anterior, habrá de tramitarse como una nueva autorización”.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Salvador de Foronda, admite que, cuando faltan apenas 3 días para la entrada en funcionamiento de las cámaras, el Ayuntamiento de Burgos no ha recibido aún la renovación (solicitada el pasado 25 de noviembre) aunque, explica el edil, tienen “todavía la autorización anterior vigente”. Pero las cuentas no cuadran porque, a día de hoy, ya han pasado más de 2 años reales desde la notificación de la primera autorización.
Al Ayuntamiento de Burgos no le quedaría más remedio que realizar de nuevo una solicitud que, en función de lo que dicta la ley, debería tramitarse como una nueva autorización.
Fuente: Canal54.es
